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El juego online, en el limbo fiscal

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Desde el año 1991 en el que asistí a la asamblea europea del juego, convocada por la UE, para el estudio de la aplicación de sus principios fundamentales de libertad de establecimiento y libre competencia en el sector, sabía que la apertura del mercado del juego era inevitable. Se trataba de la lucha de las casas de apuestas privadas (bookmakers), principalmente inglesas, contra los monopolios de los Estados continentales, por hacerse con una parte del mercado de apuestas hípicas y deportivas al que no tenían acceso.

Dos conceptos distintos con finalidades también diferentes: casas privadas, con ánimo exclusivo de lucro, y sistema de cotización fija para marcar los precios; y monopolios estatales (Onlae, PMU, etc.), cuyo ánimo era recaudar para fines sociales o para remunerar a los sectores generadores de la actividad, mediante el sistema de apuesta mutua.

Los organismos oficiales intentaron mantener el monopolio el mayor tiempo posible, mientras que las casas privadas optaron por comenzar la actividad en el resto de los países de forma clandestina. En España, los bookmakers empezaron a hacer publicidad en la prensa de sus productos y a establecer locales en la costa donde radicaban los turistas de sus países. Contra esto, Loterías no hizo prácticamente nada.

Con el tiempo, dos circunstancias han cambiado el panorama: el desarrollo de internet y la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. De la primera se aprovecharon las casas privadas para vender sus productos impunemente. En la actualidad, la publicidad de las mismas en las transmisiones deportivas de radios es escandalosa por su elevado volumen, desarrollando un mercado muy lucrativo que ni tributa ni renta a los gestores que generan los espectáculos.

La segunda, ha creado un cacao de mucho cuidado que puede terminar en la aprobación diecisiete leyes y otros tantos organismos que puedan otorgar licencias, uno por comunidad autónoma, dejando un mercado muy troceado que no sirva para nada.

El Estado francés ha sido el primero en regular seriamente el sector. Ha optado por la privatización del PMU y las apuestas deportivas, protegiendo a los sectores generadores y obligando a que las apuestas hípicas, parte principal de su mercado, se realicen bajo la modalidad de mutuas.

El Estado español ha reaccionado más tarde y parece que prepara una ley de regulación del sector. Aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien, aunque para ello esa ley debería contemplar:

l Un único organismo para otorgar licencias de ámbito nacional, aunque los impuestos recaudados se repartan.

l Un retorno a los sectores generadores de las apuestas.

l Para que la apuesta mutua pueda competir con la cotización fija es necesario un fondo común entre todos los organizadores de apuestas sobre un mismo evento.

l Que se pueda contar con más medios para ayudar a erradicar el fraude en el deporte.

Así, las federaciones deportivas y la SFCCE tendrían una financiación adicional, que serviría para pagar viejas deudas o para disminuir las aportaciones del Estado. Si no, los beneficiados serán las casas de apuestas que tendrán mayores beneficios aprovechándose de un espectáculo por el que no pagan nada.

André Ramos Covarrubias. Secretario general de la SFCCE

http://www.cincodias.com/

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