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Puerto La Cruz.- El alcalde del municipio Sotillo, Stalin  Fuentes,  espera información de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, sobre el cierre de las siete casas de juego que operaban en esa jurisdicción, y que  afecta a cerca de 2.500 trabajadores directos y 500 indirectos.

“Unos 3.000 empleados tienen en  riesgo la comida de sus  hijos”, expresó el  jefe local, quien teme por el futuro de los padres de familia que podrían quedar en la calle a raíz de la sanción aplicada por el ente adscrito al Ministerio de Interior y Justicia.

Fuentes considera que debe haber  una alternativa dentro de este proceso  de transformación socialista, “para que haya una economía marcada por la equidad y bienestar para todos”.

Durante el recorrido realizado por el equipo de El Tiempo en el municipio porteño, no se logró encontrar a personas autorizadas para declarar en  ninguno de los  siete establecimientos.  Se conoció extraoficialmente que el Bingo 77, ubicado en el Paseo de La Cruz y El Mar cruce con Buenos Aires, tiene un centenar de  trabajadores. Uno de ellos, que no se identificó,  dijo que el cierre del local es hasta nuevo aviso. En el Gran Casino de Puerto La Cruz, situado en la misma vía, se estima que hay 300 empleados.

En la avenida Municipal, a la altura del elevado, queda la sala de juego Platinum. Allí laboran 360 personas, mientras  que en la que está ubicada en el Centro Comercial Caribbean Mall hay 400. En el  Star 33, Paladium  y el Gainer’s no fue posible conocer la nómina.

Este martes, la mayoría de los bingos amanecieron con carteles en  sus fachadas que indicaban que habían  incumplido los artículos 30 y 54 de la Ley para Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

Recaudación

El alcalde  destacó que Puerto La Cruz es una ciudad turística, tal como fue aprobado en referéndum, y que  el cierre de todos  los  casinos afectará también la economía  del municipio.

Prevé que  como consecuencia de la medida, el fisco local dejará de percibir alrededor de 8.5 millones de bolívares fuertes este año.

El presidente de Fedecámaras Anzoátegui, Remo Di Marcantonio, también se refirió a las pérdidas que generará la paralización de la actividad turística y el gran número de familias que se verán perjudicadas. “Además de los trabajadores hay que tomar en cuenta a los proveedores, líneas de taxis y otras empresas que operan aguas abajo”.

Espera que haya acuerdos que permitan revertir la sanción, aunque  se desconoce si será temporal o definitiva.

“Tenemos información de que algunos bingos tenían vencida la licencia para operar, pero ya habían tramitado la renovación. Ojalá que impere la ley”.

Un trabajador que mantuvo su nombre en reserva aseguró que la gerencia de Recursos Humanos de una de las empresas clausuradas estaba negociando la liquidación sencilla de los empleados.

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